La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) anunció este martes la suspensión indefinida de actividades jurisdiccionales, que comenzará desde el primer minuto de este miércoles. Esta medida es parte de su protesta contra la reforma impulsada por el Gobierno mexicano, que busca implementar elecciones en el Poder Judicial.
El paro afectará las labores en el Poder Judicial de la Federación (PJF), excepto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), según lo precisado por la asociación. Además, la Jufed exigió la creación inmediata de una mesa de diálogo con los grupos parlamentarios del Congreso, con el fin de alcanzar acuerdos que permitan detener el proceso de reforma actual y reorientar la discusión hacia una reforma integral y bien fundamentada.
La juez federal y directora de la asociación, Juana Fuentes Velázquez, explicó que la suspensión de actividades es una respuesta a lo que consideran un proceso legislativo defectuoso y que atenta contra la independencia judicial. «Nuestra acción es pacífica y legal, y no busca interrumpir el servicio público de administración de justicia, sino defender la independencia del Poder Judicial», subrayó Fuentes Velázquez.
La Jufed ha argumentado que su protesta se basa en la falta de disposición de la actual legislatura para considerar las críticas de la sociedad civil y del propio Poder Judicial sobre la reforma propuesta el 5 de febrero de 2024 por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La asociación sostiene que la reforma, tal como está planteada, pone en riesgo la independencia judicial, un pilar fundamental del Estado de Derecho.
En su conferencia matutina, el presidente López Obrador calificó la huelga convocada por los jueces como «ilegal» pero minimizó sus posibles efectos. «No va a suceder nada, no pasa nada… Es ilegal lo que están haciendo, pero no nos corresponde a nosotros sancionar», declaró el mandatario, enfatizando que el Gobierno respetará la decisión de los jueces, aunque considera que no tiene fundamento legal.
El paro, que comenzará este miércoles, es una respuesta directa a la reforma judicial que el Gobierno busca votar en septiembre y que ha generado una fuerte oposición dentro del Poder Judicial.
